“Fue un día terrible”, explica en declaraciones a ARAGÓN PRESS la portavoz de Apudepa, Belén Boloqui, que ha denunciado que los trabajos se iniciaron pese a existir dos solicitudes formales para declarar el edificio Bien de Interés Cultural (BIC), una de ellas trasladada al Ministerio de Cultura por tratarse de un inmueble de titularidad estatal. “Mientras ese expediente esté sobre la mesa no se puede actuar. Lo que ocurrió ayer es un expolio contra el patrimonio, por omisión y por acción indebida”, sostiene, tras detallar una jornada de llamadas a Policía Local, Dirección General de Patrimonio, Ministerio de Cultura y Fiscalía.
VECINOS Y COLECTIVOS PATRIMONIALISTAS ANUNCIAN MOVILIZACIONES
La asociación vecinal Joaquín Costa fue clave para activar los protocolos de urgencia. Su portavoz, Juan Fustero, explica que el derribo no está paralizado de forma definitiva, pero de momento las máquinas están inactivas por la situación que se ha creado. “La protección está solicitada desde hace meses y, aunque la administración autonómica dijo no tener competencia, alguien tiene que decidir. Mientras tanto, el edificio queda en un limbo legal que no debería permitir una demolición”, ha señalado.
El inmueble, construido en los años setenta como centro de clasificación postal, forma parte de la memoria urbana del Portillo y del barrio de El Carmen. Su arquitectura brutalista, cada vez más escasa en Aragón, ha convertido al edificio en un símbolo para colectivos patrimonialistas y vecinales, que reclaman su conservación y su integración en el futuro desarrollo urbanístico de la zona.
Apudepa prevé difundir este martes un manifiesto para recabar adhesiones de asociaciones, plataformas, academias y ciudadanos, una movilización que ya suma 1.869 firmas. Mientras Zaragoza Alta Velocidad mantiene el derribo dentro del proyecto de transformación del Portillo, vecinos y colectivos patrimonialistas advierten de que la batalla no ha terminado.