Asimismo, como ya adelantaron a principios de abril, con la publicación en el BOE de la orden en la que se establecía la concertación del bachillerato para el próximo curso, han anunciado que presentarán Un Recurso Contencioso Administrativo en el que denunciarán “la alevosía, las formas y el momento en el que se ha publicado la convocatoria”. Así lo ha denunciado la portavoz de Fapar, Nieves Burón, quien ha insistido en que este anuncio se hizo “con un gobierno en funciones, lo que condiciona considerablemente su capacidad de obrar, y con una prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo, que no permite la incorporación de gasto nuevo”.
Las organizaciones han afirmado saber que la huelga es “la mayor medida de presión existente” y que saben que no se debe “tomar a la ligera”. Así, han animado a familias y docentes a unirse a ella “en la medida de sus posibilidades”, ya sea, como profesionales, sumándose a los paros; o como familias, no llevando a sus hijos al colegio esos días o sumándose a otras de las actividades que se desarrollarán.
Por ello, han anunciado una serie de actividades y movilizaciones encaminadas a que la comunidad educativa de la escuela pública respalde este rechazo y haga patente “el agravio comparativo que se produce al desviar fondos públicos para necesidades ya cubiertas”, mientras los centros públicos “presentan carencias que deterioran su trabajo y su imagen, por la dejación de responsabilidades de la administración con ellos”, han lamentado.
ESTAS SON LAS ACCIONES
Por un lado, el claustro y los consejos escolares mostrarán su rechazo a la concertación mediante un escrito que registrarán en acto público, en una fecha aún por determinar. En este escrito, cada centro reflejará sus necesidades “como argumento de que el dinero que se va a desviar al concertar el bachillerato serviría para atender las necesidades de esos centros”, han incidido. Además, ante lo que ya no es “una pretensión”, sino “una realidad”, han anunciado una huelga educativa los días 19 y 20 de mayo. Así mostrarán el rechazo del profesorado, familias y alumnado ante lo que han catalogado como “una decisión injusta que relega a la Escuela Pública”.
Asimismo, como ya se ha realizado en otras ocasiones, las organizaciones han anunciado movilizaciones a las puertas de los centros públicos los próximos miércoles. Concretamente, serán el 22 y 29 de mayo y el 6 y 13 de abril. Estas serán tanto en Zaragoza como en Huesca y Teruel, y en ellas se pretende que los asistentes “puedan compartir como comunidades educativas, la visibilidad de sus centros”.
Por último, las organizaciones convocantes han organizado asambleas informativas en las ciudades aragonesas y en localidades como Tarazona, Ejea, Calatayud y Caspe, Sabiñánigo, Fraga, Graus, Jaca y Barbastro, para que, han incidido, “las comunidades educativas de distintos centros y la ciudadanía pueda sumarse a la defensa de un servicio público”.
“UNA PREFERENCIA” POR LOS SERVICIOS PRIVADOS
Para las organizaciones educativas, “no se trata solo de una competencia entre centros públicos y concertados en las ciudades, sino en un cambio de modelo educativo que afecta a todo el territorio”. Así, han lamentado que el PP parezca tener “una preferencia por los servicios privados, que manifiesta no solo por el respaldo económico que reciben, sino también por el deterioro al que se someten los servicios públicos en el caso educativo”.
Así, además de la paralización de la concertación, han exigido al Gobierno de Aragón “lo que ya comprometimos hace dos meses con algunos de los partidos políticos”, que son la fijación del presupuesto en educación no inferior al 4 % del PIB a educación y “con un compromiso de ejecución de al menos un 80 % del presupuesto, teniendo como horizonte aproximarnos a un 7 % al acabar la legislatura”.
También una dotación adecuada de recursos humanos y materiales con un incremento de dotación presupuestaria para los centros y la ampliación de los recursos como, por ejemplo, el de orientación, entre otros. A su vez, han instado al gobierno a garantizar la inclusión y atención a la diversidad, con una dotación suficiente de recursos humanos, así como un plan de infraestructuras que, entre otras cosas, “dignifique nuestros centros y los acondicione a la transformación climática que vivimos”.
Han pedido el apoyo a los centros para dignificar la función directiva y la docente, además de que se revisen y mejoren las condiciones laborales y retributivas de todo el personal docente. También atender a la escuela rural, atendiendo a sus particularidades y con criterios de sostenibilidad territorial, entre otros. Y, por último, una garantía de servicios complementarios de calidad con transporte, comedores, conciliación y actividades extraescolares garantizadas, entre otros.
Las acciones vienen respaldadas por las organizaciones CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT, ANPE, PSOE, CHA, IU, PODEMOS, MTO. SUMAR, PCA, ZEC, ADIZAR, AEDIPA, FABZ, FADEA Y FAPAR, organizaciones defensoras de la Escuela Pública.